Protege los derechos de docentes, estudiantes y personal administrativo frente a acciones de las autoridades que los vulneren.
Recibe y aborda denuncias relacionadas con la infracción de derechos individuales dentro de la comunidad universitaria.
Propone normas y políticas para fortalecer la protección de los derechos en los servicios universitarios.
Garantiza la confidencialidad y, cuando necesario, informa a las autoridades competentes manteniendo la reserva.
Brinda orientación para canalizar quejas, denuncias o reclamaciones a las instancias adecuadas.
Emite recomendaciones y propuestas, pero no puede modificar acuerdos de los órganos de gobierno.